El caso de la comunidad de Temulemu, de Traiguén, como el de muchas otras comunidades mapuches de la zona y del país, es el resultado de una historia de despojo y violencia en la que el Estado tiene una responsabilidad fundamental.
Si bien el conflicto alcanzó la notoriedad a fines del año 1998 y comienzos del siguiente, hunde sus raíces mucho más atrás, en el proceso de ocupación de la Araucanía, a fines del siglo XIX, cuando la inmensa mayoría del territorio mapuche fue apropiada por el Estado chileno.
A partir de ese momento, la comunidad inició un largo proceso de gestiones judiciales, movilizaciones y acciones de defensa, que culminaron con la ocupación definitiva del predio reivindicado en el 2001 y su compra por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) una década después.
Por otro lado, lo ocurrido en Temulemu evidencia las enormes falencias de un modelo de desarrollo forestal que no ha considerado los intereses de los pequeños propietarios y de las comunidades indígenas, y que ha protegido e incluso subsidiado a las grandes empresas forestales.
La situación descrita en el trabajo se vincula, de una manera más inmediata, con la reacción de una opinión pública minoritaria, pero influyente, que ha creído o querido ver en las acciones reivindicativas y las movilizaciones mapuches una rebelión contra toda legalidad, toda propiedad y todo principio de orden. En suma, como una amenaza a lo más preciado de nuestro “modelo chileno”.